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A B C. V I E R N E S 10 D E E N E R O D E 1930. EDICIÓN D E ANDALUCÍA. P A G 33, SOBRE E L PROBLEMA D E LOS SUBARRIENDOS U n escrito al ministro de Trabajo L a Cámara Oficial de Inquilinos de Sevilla ha dirigido, al ministro de Trabajo el siguiente escrito, cuya publicación nos ruega: Don Enrique Delgado Mateuz, vicepresidente de la Cámara Oficial de Inquilinos de Sevilla, ante V E tiene el honor de exponer: Que en atención a los intereses que esta entidad patrocina, entiende el órgano d i rectivo de la misma que, como necesidad inexcusable, ha de poner en conocimiento de vuecencia todos aquellos datos, antecedentes, errores y lagunas que se observan en la práctica aplicación diaria de la legislación vigente sobre desahucios, para llegar, de un modo perfecto, a la consecución del fin para el que está constituida. E l problema que hoy se somete a la alta consideración de V É. no tiene absolutamente nada nuevo y ya han sonado, en repetidas ocasiones, las voces inquilinas, llamando la atención de los Poderes públicos, en relación con la cuestión que hoy se explana. E l llamado vulgarmente con el nombre de problema de subarriendo no surge h o y sino que viene de muy antiguo, siquiera desude la agudización del problema de la v i vienda haya sufrido un recrudecimiento, alcanzando imponderables proporciones. E l subarriendo, relación jurídica perfec- ta y reconocida por todos los Códigos y legislaciones, desde la antigua Roma, y regulado en nuestra ley sustantiva vigente a los artículos 1.550, 1.551 y 1.552 del Código C i v i l es una institución civil quizás la tínica que, no engendre derechos y obligaciones recíprocos. Todos los actos constituyen obligación en cuanto crean un derecho, y viceversa; mas en el caso de subarriendo no ocurre tal cosa, y el subinquilino que tiene frente al propietario una obligación inexcusable, nacida del amparo del artículo 1.552 del Código C i v i l carece en absoluto dé todo derecho frente al dueño del inmueble, que, pudiendo exigirle el importe del precio convenido en el subarriendo que se halle debiendo al tiempo del requerimiento, y- llegando la ley incluso a estimar no hechos los pagos anticipados, a no haberlos hecho con arreglo a la costumbre, en el momento que a bien tenga puede lanzarlo a la calle sin previa notificación, amparándose en el tan manoseado no haber contratado con él. Es ta medida, cuyo alcance todos sabemos que no es otro que el de garantir al propietario de una posible confabulación del subarrendador y subarrendatario, sería justa si tuviera su recíproca en la ley. Magistralmente se ocupa de este problema el prestigioso fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, Sr. D. José Oppell García, en la Memoria elevada al Gobierno de Su Majestad, en la solemne apertura de los Tribunales, el día 16 de septiembre anterior. De mano maestra aparece concebida y explanada cuestión de tan alto interés social, y refiriéndose al aspecto examinado, expone: L o que no estimo justo, ni nadie lo estimará, es que la ley, ante la posible confabulación del subarrendador y el subarrendatario, dicte el artículo 1.552 del Código C i v i l para garantía del arrendador, y en cambio ante la posible confabulación del arrendador y el subarrendador para atrepellar en su derecho al subarrendatario, se encuentre éste completamente desamparado por la ley y a merced del dueño de una vivienda. que dejándose llevar de la codicia y demás móviles bastardos, reconocidos por. el Real decreto de 21 de junio de 1920. ían a de ¿su- casa o establecimiento mercantil o industrial al subarrendatario, causándole la perturbación y tal vez la ruina que el Poder público ha querido evitar con las disposiciones tutelares dictadas en favor de los arrendatarios por el citado Real decreto de 21 de junio de 1920 y disposiciones posteriores. N o puede plantearse la cuestión con más claridad ni en términos más concisos. E s tan desesperado el grito de los subarrendatarios, que ora por la mala fe del propietario, ora por la del subarrendador, o ya por la de ambos puestos de acuerdo, se encuentra sin culpa n i participación alguna privado de su hogar, que el eco ha llegado a las altas esferas y personas de la autoridad del señor fiscal del más alto Cuerpo j u dicial de la nación, acude presuroso a denunciar la situación y solicitar un rápido remedio a la misma. Y no se crea, como el esclarecido funcionario expresa a continuación, que la discusión o exposición de tal situación jurídica constituye un punto doctrinal y especulativo, sino antes al contrario, es la experiencia de todos los días lo que pide, urgentemente, una solución al problema y una medida eficaz que garantice los respetabilísimos derechos de los subarrendatarios, frente a los posibles abusos de las personas que en él Oloroso LA OTA B o d e g a s M A n t o n i o de l a K i v a y C í a J e r e z aparecen ligados, expresa o tácitamente. Abona esta pretensión el mismo hecho de que tuvo conocimiento el fiscal del Tribunal Supremo, y que nos relata en su memoria, que le hizo comprender la necesidad de que el subarrendatario encuentre algún amparo en esas disposiciones dictadas para proteger al inquilino contra las demasías de los arrendadores. H o r a es ya, excelentísimo señor, que termine este estado de cosas y qué a la disposición amparadora de los inquilinos se añada otra de garantía a los subinquilinos de buena fe, que libre a éstos de la eterna zozobra de verse sin casa n i hogar, por actos que no le son imputables. Fácilmente se ha de alcanzar a V E la solución del problema, que no puede ser otra que la de que por medio de la disposición procedente, y por el ministerio competente, se ampliara el Real decreto sobre alquileres de 21 de junio de 1920, cuya, última prórroga ha sido de 17 de diciembre pasado, en el sentido de que, cuando la finca objeto de la demanda de desahucio interpuesto estuviese subarrenada con licencia del dueño, licencia que se presumirá siempre que no está prohibido expresamente, la acción de desahucio deberá dirigirse, conjuntamente, contra el arrendatario y el subarrendatario, pudiendo éste hacer uso de cuantas excepciones incumban al arrendatario con arreglo a derecho, haciéndose constar asimismo en cuantos beneficios otorga la legislación vigente en la materia a favor de los arrendatarios se entenderán ampliados también a favor de los subinquilinos. Esta solución es la que parece más adecuada a problema de tanta gravedad y trascendencia como el que nos ocupa, y por ello acude Suplicando a V E se sirva tener por presentada esta solicitud, se digne admitirla y uña vez tomada en consideración, y de acuerdo con la misma, adoptar aquellas medidas que la justicia y la equidad imponen y puedan conducir a la más rápida solución del problema, y ponga fin a la angustiosa odisea del subarrendatario que ostente una personalidad tan definida y tan digna de protección como la del arrendatario, y que todo lo espera de la innegable justificación de V E cuya vida guarde Dios muchos años. -Sevilla 3 de enero de 1930. Compre usted hoy- La mejor rewisfa