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MADRID- SEVILLA 20 D E M A R Z O D E 3 930. NUMERO 10 CTS. D E SAN SEBASTIAN. SUSCRIPCIONES Y CERCANA A TETUAN, SEVILLA SUELTO DIARIO ILUSTRADO. A Ñ O VIGESIMOSEXTG N. 8.496 ÍS ANUNCIOS: MUÑOZ OLIVE. REDACCIÓN: PRADO LA PASADA DICTADURA Y L A R E S T A U R A CIÓN C O N S T I T U C I O NAL D E ESPAÑA Juicios personales Aunque se me tache de inepto o poco despierto (acusación grave para quien es y quiere ser ante todo diplomático) he de confesar en público lo que tantas veces repetí en privado, respecto a que nunca atribuí excepcional e inusitada gravedad a la situación política inmediatamente anterior a la Dictadura. N o es ciertamente que dejara de reconocer que atravesábamos circunstancias difíciles, y que tenían importancia y trascendencia los problemas entonces pendientes, a saber: la cuestión social entre patronos y obreros en Cataluña; las responsabilidades por lo acontecido al derrumbarse la Comandancia general de M e l i l l a el giro que tomaron los asuntos m a r r o q u í e s las malhadadas Juntas militares de defensa; las ambiciones autonomistas, cuando no separatistas, de Cataluña, con chispazos en otras regiones, y el indudable malestar consecuencia de la desasociación de los partidos. Todo ello me pareció serio y aun grave, pero no gravísimo. J a m á s consideré que, para salir de. lo que ahora tantos califican de caos fueran menester medidas extraordinarias, no sólo extralegales, sino abiertamente ilegales, sólo justificables por la tan conocida como peligrosa m á x i m a de las X I I Tablas: Salus populi suprema lex esto Reconozco que fueron muchos, muchísimos, los que pensaron entonces, y siguen pensando ahora, de otro modo, y me rindo al peso de su superioridad numérica e intelectual. Ello no ha de impedirme hacer constar que los que opinaron en oposición con mi juicio, y simpatizaron, en los primeros momentos, con la Dictadura (los hubo, no sólo reaccionarios, sino también republicanos, y algunos avanzadísimos) aplaudieron el cambio ilegal efectuado por estimarlo punto de partida, para dar al traste con el régimen en que veníamos viviendo hacía medio siglo, y gracias al cual, pese a errores o deficiencias propias de toda obra humana, nuestra Patria había progresado considerablemente. Negar el progreso de España, en todos los órdenes, desde 1876 a rc 23, es negar la propia evidencia. E n el coro de justificantes o de entusiastas del golpe de Estado del general Primo de Rivera, los había de diversas calidades. Unos soñaban con arrancar de cuajo el parlamentarismo, cuya crítica estuvo tan de moda en la postguerra, sin encontrar con qué substituirlo; otros, republicanos convencidos, juzgaban que se daba el capirotazo definitivo a la tradición monárquica, secular en E s p a ñ a algunos confiaron que detrás vendría una nueva estructuración nacional que abriría el paso al pacto, sinalagmático, conmutativo y bilateral, tan magistralmente expuesto por el insigne P i y Margal! pero tan triste y desdichadamente comprendido y practicado por los españoles de 1873. E n mi modestia y en mi insignificancia, me pareció, desde el primer momento, que se repetía sencillamente, justo al transcurrir un siglo, y sin m á s trascendencia ni alcance, la bochornosa reacción de 1923, a consecuencia de la que tuvieron que emigrar a F r a n cia, entre otros, muchos, mis antepasados, para regresar diez años m á s tarde a defender el Trono, entonces discutido, de Isabel II. Apoyado en semejante precedente histórico, y contra la opinión de los que la creían fugaz, predije que la Dictadura sería larga y perniciosa para todos y para todo, sin exceptuar la consistencia de la. histórica Institución monárquica. Y hay que regocijarse de que las circunstancias permitieran intervenir constitucionalmente a la Corona, para ser ella la que, ejercitando sus derechos soberanos, pusiera fin voluntario a la Dictadura. Engreída ésta y hasta enloquecida por falta del necesario control se suicidó al pretender someterse al juicio de una Junta de pretorianos. Es el caso de repetir el- adagio, latino: Quos vult Júpiter perderé, démentat, pr- uis Pocas cosas. enervan tanto como la manida y usual cantilena de que todo es preferible a que vuelva lo pasado. E l pasado a que se alude es el régimen monárquico, constitucional y parlamentario, instaurado por la Constitución de 1876, elaborada por Cánovas, practicada por Sagasta y a la que se rindió el g- ran Castelar, licenciando sus huestes republicanas y aconsejándolas que i n gresasen en la Monarquía, al ver implantados el sufragio universal y el Jurado. Los que prefieren la pasada Dictadura a la vuelta a la normal aplicación de la Constitución de 1876, son revolucionarios, bien de la derecha o de la izquierda, pero revolucionarios al fin, que al preconizar un cambio comprometen la marcha jurídica del Estado, del país y de nuestra nacionalidad hasta en sus relaciones exteriores. Es la tesis del bolchevismo moscovita, que debe ser anatematizada y legalmente combatida. Sustentar, el anárquico aserto de que todo es preferible a la vuelta del pasado constitucional y parlamentario, con los mismos hombres y partidos, es ser idólatra de lo desconocido, propugnando la teoría del mal mayor, con la esperanza de que el exceso traiga lo que ellos estiman bien, o, por lo menos, nuevo. L a verdad y la conveniencia están, como de costumbre, en el justo medio. L a Dictadura fué un mal que perduró porque fueron muchos los que equivocadamente creyeron que podía y debía ensayarse como reí. dio heroico a evidentes padecimientos. L a medicina fué peor que la enfermedad. E l cambio de régimen que un sector de la opinión defiende, sería infinitamente peor todavía, repitiéndose, agravado, lo acontecido durante los once meses que España padeció la República. Cuatro jefes de Estado consumió nuestro país en- tan breve lapso de tiempo, y eran. personalidades, como las que hoy no existen, de autoridad y de prestigio, cuyos nombres pasaron, con elogio, a la Historia. L o que no pudieron encauzar eminencias como Figticras, Pi, Castelar y Salmerón, no lo lograrían los republicanos de hoy, que, sin agraviarles, y reconociéndoles su valer, no alcanzan a su talla. A l presente estarían más acuciados por sus complejos problemas económicos y sociales que en aquel entonces casi no existían, y tendrían que luchar con la Tercera Internacional de Moscú, siempre pronta a favorecer el comunismo y la rebelión, aprovechándose de todas las revueltas, y sirviéndose de la fuerza y de la riqueza de ciento cuarenta millones de desdichados, a los que tienen sumidos en la igualdad de la miseria. A mi pobre pero arraigadísimo juicio, uno de los factores que m á s contribuyeron al afianzamiento y prolongación de la Dictadura fué el desamparo en que dejaron a la Corona los que habían sido presidentes del Consejo de ministros y presidentes de las Cámaras cuando la Dictadura disolvió las Cortes sin convocar las nuevas dentro de los tres meses que ordena el precepto constitucional. F u é aquella la primera y más grave infracción constitucional cometida por l a Dictadura, de la que se derivaron todas las demás. A l negarse, después de ser requeridos, los dichos presidentes a acompañar a los señores conde de Romanones y D Melquíades Alvarez en l a g e s t i ó n que hicieron, dejaron al descubierto que no estimaban de tan suma gravedad la violación constitucional y autorizaron con su silencio y pasividad los posteriores desmanes. D e haberse mantenido unidos y firmes, en defensa de la Constitución, los prohombres monárquicos, muy otro hubiera sido el giro que tomaran los sucesos. Los que tal hicieron, incurriendo en grave responsabilidad, carecen de autoridad bastante ahora para reclamarla, incluso a poderes legalmente irresponsables. E s triste y doloroso que, en este punto de la legalidad constitucional, tengan que dar lecciones los que fueron fautores de la Dictadura. E l camino a seguir no puede ser otro que el de restaurar en todo su vigor y cuanto antes el imperio y la vigencia de la Constitución, en mal hora suspendida y violada, pero jamás derogada. Aunque lo hubiera sido por la Dictadura, continuaría legalmente en vigor, porciue la Constitución fué elaborada por las Cortes del Reino, sancionada por la Corona y válida y solemnemente promulgada, y no puede ser modificada, suspendida ni derogada sin el concurso de las mismas potestades que la implantaron y en idéntica forma. Cuanto no sea. cumplir la Constitución y las leyes será, a m á s de ilegítimo, absurdo y pernicioso. E n la Constitución y en las leyes hay medios suficientes para mantener el orden, hacer respetar la autoridad y que se exterioricen, guardándose mutuos respetos, las opiniones de todos, imponiéndose y gobernando aquellas que profesan la gran mayoría de los españoles. Convocar Cortes constituyentes sería un acto de Dictadura tan ilegal como lo fué no convocar Cortes a los tres meses de disueltas las anteriores. L a convocatoria de las Cortes ha de hacerse según previene la Constitución y con arreglo a la ley Electoral vigente. Ésas Cortes, así elegidas, serán, como todas ¡as Cortes del Reino, soberanas, v podrán rectificar o modificar los preceptos constitucionales. S i por imposible, la mayoría de los d i l a tados y senadores elegidos resultaran rer blicanos, es indudable que la República se impondría, porque esa sería la verdadera voluntad nacional, que deberíamos acatar y respetar todos los españoles, aunque no la sirviéramos los que somos y querernos morir