Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
MADRID- SEVILLA 5 DE 1930. 1 UN 1 Q DE NUMERO 10 C T S SUELTO REDACCIÓN: P R A D O D E S A N S E B A S T I A N S U S C R I P C I O N E S Y CERCANA A TETUAN, ABC SEVILLA to, graves conflictos y problemas por re solver de todos los órdenes: políticos, j u rídicos, militares, sociales, financieros, etcétera, etc. pero todos pudieron y debieron resolverse dentro de la Constitución, que prestaba elasticidad para ello y que era el denominador común para cuantos s e r n a n y defendían la forma de Gobierno en que se halla constituida España desde la Restauración de 1875. A l advenimiento de la Dictadura nadie, n i aún los elementos más avanzados, planteaban el problema del cambio de régimen de Monarquía a República. Conformes o disconformes con la actuación de los Gobiernos que precedieron al golpe de Estado del general Primo de Rivera, todos aspiraban a imponer sus peculiares convicciones dentro del cauce constitucional y legal. L a Dictadura, y sólo la Dictadura, es la que puso sobre el tapete los caducos problemas constitucionales que enredaron el tablero político nacional desde 1812 hasta 1876, pasando por la bochornosa reacción de 1823 a 1833, por el Estatuto Real de 1834, por la Constitución enmendada de 1837, por la de 1845, P movimiento liberal de 1854, por la Constitución de 1869 y por la nonnata federal de 1873. L a Dictadura de Primo de Rivera intentó dar un salto hacia atrás, imponiendo una Constitución absolutista que hizo redactar a la Comisión p r i mera de la titulada Asamblea Nacional, y que, según confesión del propio dictador, se negó a sancionar, mientras no la aprobasen las Cortes del Reino, nuestro actual augusto Soberano, consciente ya en aquel entonces de que la voluntad nacional se exteriorizaba en contra de la Dictadura. Se impone la inmediata reunión de Cortes, cuanto antes mejor, y se impone que esas Cortes, en el pleno ejercicio de su soberanía, liquiden el imperioso problema de j las responsabilidades. or e DIARIO ILUSTRAD O AÑO N. 8.562 V 1 GÉ SIMOSEXTO OLIVE. A N U N C I O S MUÑOZ CORTES Y RESPONSABILIDADES (S i e m p r e juicios personales) Cortes y responsabilidades; he aquí los dos enunciados fundamentales que han de caracterizar la nueva etapa reparadora y jurídica del restablecimiento de la normalidad constitucional frente a la desastrosa e insana de la pasada Dictadura. L a nota típica e ilegal de la malhadada Dictadura ha sido el renegar de la soberanía nacional, prescindiendo durante seis años largos, muy largos, de su legítima representación y expresión, que son las Cortes del Reino. Mientras no vuelvan a funcionar éstas, previa su convocación y elección con arreglo a la ley vigente y al suífragio universal, no podrá cerrarse el c i clo desastroso que trajo consigo el insensato golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. L o indispensable, lo preciso, lo urgente es la convocación y reunión de las Cortes, que asumen y representan la soberanía nacional y que comparten con el Rey la potestad única de hacer las leyes. N o cabe convocar las Cortes anteriores, porque fueron legalmente disueltas, y su vida, en todo caso, está constitucionalmente terminada. L o procedente sería convocar cuanto antes a elecciones normales. P o r mi parte, y para ganar tiempo, hubiese prescindido de la rectificación del Censo; comenzadas ya las operaciones, precisa apresurarlas cuanto sea posible. Se impone el liquidar rápidamente la D i c tadura, y sólo las Cortes tienen autoridad y poderes para hacerlo. L a esencia misma de la Monarquía constitucional y parlamentaria, que es la regulada por la Constitución de 1876 y l a que encarna S. M el Rey D Alfonso X I I I (q. D g. exige, como condición indispensable, el funcionamiento de las Cortes del Reino, de las que el país no puede estar privado más que durante el plazo máximo de tres meses a tenor del artículo 32 de esa misma Constitución. E l haber violado tan terminante precepto, según tengo dicho y repetido, es la primera y más grave responsabilidad que alcanza a la Dictadura, y con ella a cuantos hombres l a trajeron y la sirvieron. De esa violación se han derivado las demás, todas las demás, que para ser reparadas exigen severas sanciones, impuestas por leyes votadas en Cortes, sancionadas por la Corona y promulgadas en la Gaceta. E l primer deber de las Cortes al reunirse ha de consistir en hacer constar todas y cada una de las infracciones constitucionales y legales cometidas y preparar o imponer los condignos castigos. E s enorme, enormísima, la responsabilidad contraída por la Dictadura. Cuando llevábamos cerca de medio siglo de práctica pacífica, de normalidad constitucional, aceptada o, por lo menos, a: atada por todos sin excepción, esa Dictadura volvió a abrir otra vez de par en par las puertas de los pronunciamientos militares y de los tristes períodos constituyentes, que habían sido el ludibrio y la causa del atraso de España durante los dos primeros tercios del siglo x i x Nadie ha hecho tanto daño como la Dictadura a la causa del orden, del progreso y de la libertad, y, sobre todo, a la Monarquía. E l 13 de septiembre de ic 23 había, en efec- Los qt: e quieran el imperio de la ley y el restablecimiento de la normalidad legal perturbada deben apresurarse a librar a las instituciones fundamentales que nos rigen de tales responsabilidades, que alcanzan exclusivamente, según la letra y el espíritu de la Constitución, a los hombres que trajeron y ejercieron ¡legalmente la d i cha Dictadura. Ésta es la buena y la única doctrina admisible y la sola que permite liquidar el pasado de acuerdo con el derecho y sin riesgo para lo que es fundamental y debe ser permanente. N o verlo así es cerrar los ojos a la evidencia y engendrar mayores males por no decidirse a arrostrar los azares de una discusión que habrá de ser, sin duda, apasionada y hasta en momentos violenta. L a teoría del borrón y cuenta nueva es inadmisible por injusta y deletérea. Y hasta ahora nadie se ha atrevido a defenderla públicamente. A l constituirse las futuras Cortes tienen el deber de revisar la labor realizada sin su fiscalización y concurso durante el tiempo que duró la Dictadura. Libres y soberanas para proponer y resolver lo que estimen más procedente, deben, a mi modesto juicio, abstenerse de usurpar funciones judiciales, convirtiéndose en juzgadoras, encerrándose en su misión propia, que es la legislativa. P o drán y deberán, de considerarlo conveniente, crear por medio de una ley el órgano genuinamente judicial que hujrá de depurar, per- seguir y castigar los delitos y desmanes cometidos durante el período anormal, sometiendo a cuantos en él intervinieron a una especie de juicio de residencia como aquel que se llevaba a cabo con nuestros antiguos virreyes y gobernadores generales de las que fueron nuestras colonias. E n tal caso, las Cortes podrán reservarse, también por ley, la sanción política declarando la inhabilitación especial perpetua para ser diputado, senador o ejercer cargo público a cuantos fueron ministros o agentes d e j a Dictadura, en flagrante violación de la Constitución y de las leyes. D e tal suerte, y dando efectos retroactivos a la dicha ley, quedarían incapacitados para volver a gobernar, administrar o legislar los que, sin respetar la legalidad que encontraron vigente, trajeron al país al desasosiego y desconcierto actuales. E s idea jurídica y hábilmente enunciada por el que fué dignísimo fiscal togado del Consejo Supremo de Guerra y M a r i n a Sr. D Carlos Blanco, en interesantísimo artículo que, bajo el epígrafe Cauces jurídicos en las responsabilidades, apareció en nuestro colega El Liberal con fecha e, del corriente abril. N o es admisible, n i moral, ni honrado, que quienes conscientemente violaron la Constitución y prescindieron durante muchos años de las Cortes, incluso para arbitrar contribuciones nuevas y formular presupuestos, no tengan su sanción política a manera de legíi timo y reparador castigo. E l principio del salits populi, siempre peligroso, no cabe admitirlo más que cuando el triunfo sea definitivo y completo, por significar entonces que, en efecto, el pueblo aprobó. E n otros casos y de otra suerte valdría tanto como legitimar por sistema l a rebeldía, con ofensa de la L e y y en perjuicio de l a libertad y del progreso. Por oponerse al régimen constitucional, ya promulgado, y provocar dos guerras c i viles con la bandera de la Monarquía absoluta, ha sido excluida por ley de reinar en España una rama de la familia reinante de Borbón, la primogénita según la ley Sálica, ley extranjera y no española. Con idéntico rasero debe tratarse a los hombres que con buena o mala intención, pero sin lograr triunfo definitivo, provocaron terrible crisis en el pa s, frente a la legalidad constituida y contra el sentir y pensar de la gran mayoría de los españoles. Así y sólo así las Cortes impondrán el res- peto que es debido y necesario a sus funciones soberanas, y así y sólo así podrá quedar restablecida la normalidad constitucional y parlamentaria conculcada por la Dictadura. Cortes y responsabilidades son las dos exigencias primordiales de los momentos presentes. Fría y serenamente, sin violencias n i revueltas, en esas dos palabras se compendia la liquidación y sanción del felizmente desaparecido período dictatorial. Constituyen ambos enunciados, a la vez que la debida reparación jurídica y política, la mejor y más poderosa salvaguardia de la Monarquía constitucional y parlamentaria de S. M el Rey D Alfonso X I I I y de sus augustos y legítimos sucesores. J. PÉREZ- CABALLERO
 // Cambio Nodo4-Sevilla