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A B C. JUEVES 7 DE MAYO DE 1931 V E D I C I Ó N D E A N D A L U C Í A P A G i g nitritos excepcionales, pidiendo la convalidación del ascenso. E l Gobierno resolverá sobre tal propuesta en términos de justicia. Artículo sexto. S i en la Sala de lo c i vil no. hubiese, al menos, cuatro magistra- dos con práctica en las provincias de su derecho feral, tendrá en cuenta la Sala de gobierno, al formular sus propuestas, la conveniencia de atender a tal necesidad. Artículo séptimo. Las disposiciones legales que se opongan a- los principios y nombramiento hechos de acuerdo con el presente decreto, quedarán sin efecto alguno hasta tanto decida sobre este extremo, en función cb plena soberanía, la Asamblea constituArtículo octavo. Las vacantes que ocurrieran antes de que la Asamblea constituyente acuerde l a forma de provisión, se cubrirán con arreglo a las normas establecidas en este decreto, haciéndose aplicación- alternativa o simultánea de las dos formas de provisión que en el mismo se establecen. Dado en Madrid a 6 de mayo, etcétera, etc. D e c r e t o s de persona! Declarando jubilado con el haber que por clasificación le corresponda, por. haber cumplido la edad reglamentaria, a D Fulgencio de la Vega, magistrado del T r i b u n a l Supremo. ídem de idem a D Pedro- María de Castro Fernández. ídem de idem a D Mariano García R o dríguez. ídem de idem a D Antonio María de Mena. ídem de ídem- a D. Francisco Barrios Alvarez, D. José Martínez Marín, D A n drés Pérez, isar, D. José García Valdecasas, D José Porcell y D Saturnino. B a jo Menjíbar, todos magistrados del Tribunal Supremo. Nombrando presidente del Tribunal Supremo de Justicia a D Diego Medina García. ídem de la Sala primera de dicho tribunal a D. Jerónimo González ele las Torres. Disponiendo que D Manuel Fernández Golfín, magistrado del Supremo, desempeñe la presidencia de la Sala cuarta del expresado Tribunal, de nueva- creación. Nombrando magistrado del Tribunal Supremo a D Alejandro Ruiz de Tejada, vocal del Tribunal Económico Administrativo Central. ídem del idem a D Manuel Fernández Mourilld, oficial letrado del Consejo de E s tado. ídem del idem a D. Antoncio Becerril y Largarda, director general de Rentas Públicas. ídem del idem a D. Jesús A r i a s de V e lasco, catedrático de Derecho Administrativo de l a Universidad de Oviedo, que desempeñará la presidencia de la Sala quinta (cuestiones de Derecho social) de nueva creación. Promoviendo a la plaza de oficial mayor jefe superior de Administración civil, del Cuerpo Técnico de Letrados del ministerio de Justicia, a D. Francisco de Campo y Munilla. ídem a la plaza de oficial jefe de Sección, de primera clase, del mismo Cuerpo de L e ñados, a D Saturnino López Peces. ídem a l a idem de idem jefe de Sección, de segunda clase, del idem, a D Miguel Espín y A ugo. ídem a l a idem de idem jefe de Sección, de tercera clas e, del idem, a D. Pablo Jordán de Urries. ¡VIEJOS D I P L O M Á T I C O S E N E L R E T I R O -CON E S T E RÉGIMEN E S N A T U R A L Q U E L O S N U E V O S EMBAJADORES- TÍO USTED, fWGM, COMO A N T E S j P O R L O G E N E R A L ALGÚN T I T U L O -J H O M B R E SEGÚN A Q U E C L A S E D E T Í T U L O S S E R E F I E R A nalidad de resolver transitoriamente el problema que plantea, anteponiendo, con espíritu de justiciadlos intereses sociales a los particulares y privados. Pero hasta el Gobierno han llegado noticias de la situación en que se encuentran algunos propietarios de inmuebles, que ha- biendo justificado la necesidad de su derribo, para construir otros nuevos, tienen a la fecha desalojados a la mayor parte de los inquilinos ocupantes de dichas fincas. E n estos casos, y dada la importancia, desde un punto de vista social ofrece la de facilitar, por todos los medios, el desarrollo de la edificación, proporcionando trabajo a obreros parados, resultaron que de habilitarse estrictamente los preceptos del decreto de 2 0 de abril antes, citado, quedaría excepcionalménte sacrificado el interés colectivo al individual de unos cuantos arrendatarios. Por todo lo expuesto, como presidente del Gobierno provisional, de la República, y de acuerdo con el ministerio de Justicia, vengo en decretar: Artículo primero. A partir de la fecha de la publicación del presente decreto, los desahucios promovidos por un propietario que viere justificados la necesidad del derribo de los inmuebles objeto del desahucio para construir otros nuevos, que tuvieran desalojados por avenencia o desahucios por sentencia firme antes del 20 de abril del corriente año. a las dos terceras parte, cómo mínimun, de la totalidad de los inquilinos ocupantes de la casa o grupo de casas a que afecta el derribo, se sentenciará con arreglo. a la legislación vigente con anterioridad al decreto de 20 de abril del corriente año, salvo en lo que afecte a las indemnizaciorie S debidas a los arrendatarios, que LEA USTED seguirán rigiéndose, en todos los casos, por el artículo segundo del c! al decreto de 15 de marzo de 1931. Artículo segundo. E n el caso de que el propietario no procediera al derribo, de l a casa o grupo de casas, dentro del plazo de dos meses, a partir de la fecha en que las hubiera desalojado el último inquilino, i n curirá en las: sanciones previstas en el artículo quinto del Real decreto de 26 de d i ciembre de 1930. Dado en Madrid, etcétera etc. L o s deshaucios en fincas urbanas Él Gobierno provisional de la República, al dictar los decretos de 20 de abril y 2 de ir. ayo clel corriente año, sobre arrendamientos de fincas urbanas, perseguía la única fi- E l funcionamiento de la Dirección de los Registros y del Notariado L a autonomía y la especialidad técnica de la Dirección General de los Registros y del Notariado han sido gravemente Comprometidas or el llamado decreto- ley de 14 de junio de 1926, que, inspirado en el mismo reaccionario criterio del decreto de 3 de agosto de 1866, intentó fundir el Cuerpo facultativo de aquel Centro con el. de oficiales letrados de la Subsecretaría, del ministerio de Justicia, llamado por su formación y estructura a tareas distintas, y del que había sido radicalmente separado por la ley hipotecaria de 1869. Responde a una aspiración moderna el destacar la potestad legitimadora de la A d ministración pública y a que capaciten a sus órganos para la suprema inspección del estado civil de las personas, el desenvolvimiento de la fe pública notarial y el encáuzamiento jurídico de los problemas agrarios, y con tal objeto, como presidente del Gobierno provisional de la República, a propuesta del ministro de Justicias, vengo en decretar lo siguiente: ArtÍQüJo primero. L a Dirección General de los Registros y del Notariado se regirá en todo 1o que se refiere a su competencia y organización, por las disposiciones contenidas en el título- octavo de la ley hipotecaria, y del reglamento dictado para su ejecución.
 // Cambio Nodo4-Sevilla