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A B C. V I E R N E S io D E J U L I O D E 1931. EDICIÓN D E ANDALUCÍA. P A G 36. 7. E l régimen arancelario, los tratados de comercio, las Aduanas y la libre circulación de las mercancías. 8. E l abanderamiento de buques mercantes y los dereshos y beneficios que concede la pesca marítima. 9. E L Derecho mercantil, penal y procesal. 10. E l Derecho civil, salvo lo atribuido a los Derechos forales. 11. L a legislación social. 13. L a organización judicial. 14. L a jurisdicción del Tribunal Supremo, excepto en los pleitos de estricta aplicación foral. 15. L a eficacia de la sentencia de los comunicados oficiales y de los restantes documentos públicos. 16. Las pesas y. medidas. 17. E l sistema monetario, la emisión fiduciaria y la ordenación bancaria. 18. E l régimen minero. 19. Las comunicaciones: ferrocarriles, canales, líneas aéreas de interés general, Correos, Telégrafos y Teléfono y radiocomunicación. 20. Los aprovechamientos hidráulicos y eléctricos cuando las aguas discurran fuera del territorio autónomo y el transporte de energía eléctrica salga del mismo término. 21. L a defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses exírarregionales. Con respecto al régimen tributario del Estado español se estará a lo dispuesto en el título V I I I de la presente Constitución. Artículo noveno. E l Estado podrá fijar por medio de una ley aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas o reglamentarias de los territorios cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República española. Corresponde al T r i bunal de. Justicia Constitucional la apreciación de esta necesidad. E n las materias reguladas por una ley de bases de la República, las regiones podrán estatuir lo pertinente, bien por la ley o por la ordenanza, en un plazo que no será inferior a seis meses ni superior a un año. S i transcurrido este plazo la región no hubiere dictado la ley o la ordenanza, la facultad para regular revertirá a las Cortes. Artículo 10. Las leyes, de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por las autoridades regionales, salvo aquellas leyes cuya ejecución esté atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario. Artículo 11. E l Gobierno de la República podrá dictar reglamentos para l a ejecución de sus leyes, en los casos en que esta ejecución se atribuya a las autoridades regionales. Artículo 12. Todos los Municipios de la República elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Este precepto no excluye la representación corporativa, que en ningún caso podrá, por su número n i eficacia, anular la representación directa del pueblo en los Ayuntamientos. Artículo 13. S i varios Ayuntamientos de regiones en inmediata dependencia del Po- der central desearan mancomunarse para todas o para algunos de los fines de la vida municipal, podrán hacerlo mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Que- los Ayuntamientos interesados propongan el plan de mancomunidad. b) Que lo acepten por dos terceras partes de los votos emitidos, los electores de los Ayuntamientos consultados con arreglo al sistema de sufragio universal. c) Que lo informen favorablemente los organismos locales o regionales a quienes pudiera afectar la mancomunidad. d) Que lo apruebe el Consejo de ministros. Artículo 14. N o existe religión de E s tado. x A N T E L A PRÓXIMA REUNION D E CORTES CONSTITUYENTES Los votos particulares al proyecto de Constitución A y e r fueron facilitados los votos particulares al proyecto de Constitución. Son casi todos muy extensos, y esto nos priva de i n sertarlos íntegros. E l relativo a todo el título primero, que firman los señores Romero, Otazo, Pedrodo, García Valdecasas y Luna, tiene el siguiente articulado: Artículo primero. España, es una República democrática. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Artículo segundo. E l Estado español, dentro de sus actuales límites, que no podrán alterarse, quedará integrado por los distintos territorios autónomos que se constituyeran, y por las regiones que optaren por permanecer directamente sometidas al P o der central. Artículo tercero. Quien levantara gentes contra la República española, o se uniere a sus enemigos, o les prestara ayuda o socorro, incurrirá en delito de alta traición contra la unidad y seguridad del Estado. Artículo cuarto. S i alguna región con personalidad y tradición cultural e histórica propias acordara constituirse en territorio autónomo, para formar un núcleo político dentro del Estado español, redactará su correspondiente Estatuto, con arreglo a lo establecido en el artículo quinto. Dicho Estatuto, una vez aprobado, se considerará como la ley básica de l a organización política del territorio autónomo, que el Estado español habrá de reconocer, amparar y defender, como elemento de su derecho. Artículo quinto. E l Estatuto del territorio autónomo se establecerá con arreglo a las condiciones siguientes: a) Que lo proponga la mayoría de los Ayuntamientos de la región. b) Que lo acepten las dos terceras partes de los votos emitidos por la región llamada a decidir por sufragio universal sobre el mismo; c) Que lo aprueben las Cortes. Esta aprobación podrá ser denegada si el Estatuto se ajustara a los preceptos del presente título, y no contuviera nada contrario a la Constitución. Artículo sexto. Los Estatutos regionales no podrán contener preceptos opuestos a la Constitución n i a las leyes orgánicas del E s tado. E n los territorios de régimen autonómico no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato para los naturales del país y los demás españoles en él residentes. Artículo séptimo. E n ningún caso se admitirá la Federación de regiones autónomas. Artículo octavo. Son de la exclusiva competencia del Estado español las siguientes materias: r. L a adquisición y pérdida de la nacionalidad, y el contenido de los derechos y deberes reconocidos en el título tercero de l a Constitución. 2. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y el régimen de cultos. 3. Las representaciones diplomática y consular, la declaración de guerra, los tratados de paz, el régimen de Colonias y de Protectorado, y en general, la personificación del Estado en el interior y en el exterior. 4. E l mantenimiento del orden y de la seguridad públicas. 5. L a Deuda del Estado: 6. E l Ejército, la M a r i n a de guerra y la defensa nacional. L a Iglesia Católica sera considerada como corporación de derecho público. E l mismo carácter podrán tener las demás! confesiones religiosas cuando lo soliciten y, por su constitución y el número de sus miembros, ofrezcan garantías de subsisten, cia. E l Estado, federal, y su capital, Madrid E l voto que firma el Sr. Elola dice en su primer artículo: España es una República democrática y constituye un Estado federal, cuya capital es Madrid. Los poderes de todos sus órga- nos emanan del pueblo. Todos los órganos y jerarquías del Estado están subordinados al Poder c i v i l La cuesti ón r el i gi o sa A l artículo octavo se presenta el siguiente voto particular: E s postulado de los tiempos corrientes la separación de la Iglesia y el Estado, y l a libertad de cultos, aparte de la libertad de conciencia, reconocida- como derecho individual. Pero el respeto que para cada persona i n dividual o jurídica crea lo que quiera, no supone que el Estado se encuentre ligado a no creer en nada. Podrá y deberá sumarse a los actos de un culto con oposición a los de otro; mas si ha de enseñar a los niños de su país, si ha de legislar sobre l a familia, si ha de velar por la ética en los contratos, si ha de vigilar las costumbres, será difícil que cumpla tan arduos deberes sin tener una idea firme sobre los cimientos espirituales de la vida, que sólo en las creencias religiosas pueden encontrarse. Por este motivo, el vocal que suscribe propone que el. párrafo primero del artículo octavo, quede redactado del siguiente modo: N o existe religión oficial del Estado, el cual amparará la libertad de cultos; pero inspirará su actuación y su legislación en las normas de la moral cristiana. -Ángel Qssorio, Manuel Peres Vázquez, José Ma miel Puebla. 1 E l derecho de propiedad A l artículo 28 se presenta el siguiente i n teresante voto: E l Estado protege el derecho de propiedad individual y colectiva en cuanto fundamento de la riqueza nacional y del bienestar común. Se impondrá la pena de confiscación de bienes L a propiedad de toda clase de bienes podrá ser transformada jurídicamente, mediante expropiación forzosa por causa de utilidad social, que la ley definirá, determinando, asimismo, la forma de indemnización. Con cuales requisitos la propiedad podrá ser socializada. E n los casos en que la necesidad social así lo exigiera, por ser imposible recurrir a la indemnización, el Congreso, a iniciativa de la cuarta parte de los diputados que! o compongan, y por medio de una ley, decretada por el voto de las. dos terceras partes de sus miembros, podrá acordar la procedencia de una expropiación sin indemnización. Entre la iniciativa y la votación de dicha ley, habrá de mediar un período de seis meses. S i durante ese período se disolviera el Congreso, o se terminara su vida legal, la iniciativa habría de reproducirse en la Cámara nuevamente elegida. -Manuel Pedroso. Agustín Viñuelas, Valeriano Casanueva, Alfonso García Valdecasas, Antonio, de Luna. Niceto Alcalá Zamora