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A B C. J U E V E S 17 DE M A R Z O DE 1932. E D I C I Ó N D E ANDALUCÍA. P A G 3, caciones enumeradas en la presente base las fincas ofrecidas voluntariamente por sus dueños al Instituto, siempre que este repute aceptable la valoración de los oferentes como base de la cesión a censo reservativo y enfiteutico. Base decimotercera, -La validez y subsistencia de ias concesiones establecidas con arreglo a las disposiciones de esta k y no podrán modificarse por la transmisión, cualquiera que sea su título, de la propiedad a que afecten, pero el Estado se subroga en la personalidad de propietario expropiado, en cuanto a la obligación de satisfacer los gravámenes a que este afectada la finca o parte de. finca que haya sido objeto de la concesión. E n su consecuencia, los embargos, posesiones interinas, administraciones judiciales y demás providencias de análoga finalidad, sólo podrán decretarse dejando a salvo íntegramente la adjudicación. y sus efectos y reservando a los acreedores hipotecarios, en cuanto su derecho esté garantizado con fincas que hayan sido objeto de concesión, el derecho, d e e x i g i r del Estado la parte correspondiente de su crédito. Base decimocuarta. -La posesión de las tierras que hayan de ser objeto de asentamientos se realizará por las Juntas provinciales, levantando el acta correspondiente, previa citación del propietario. E n dicha acta se indicará el emplazamiento, los linderos, la extensión superficial de la finca y las características agronómicas más importantes, como son los cultivos de secano y regadío existentes, los arbóreos arbustivos o herbáceos; los edificios, cerca, etcétera, y el estado de los mismos, así como de sus labores y cosechas en pie, en el momento de la posesión. E l acta se extenderá por triplicado, entregándose una al propietario, reservándose ¡otra la Junta provincial y remitiéndose la tercera a la Junta Central, después de inscripta gratuitamente en el Registro de la Propiedad. Base decimoquinta. -Los gastos realizados en labores preparatorias por los actuales explotadores, de las fincas que han de ser ocupadas, el importe de las cosechas pendientes y el capital mobiliario mecánico y vivo que adquiera la Junta Central, serán abonados por ésta antes de la ocupación de las tierras. Base decimosexta. -Las Comunidades, una vez posesionadas de las tierras, acordarán, por mayoría de votos, la forma individual o colectiva de su explotación, y en el primer caso procederán a su parcelación y distribución, teniendo presiente la clase de terreno, l a capacidad de las familias campesinas y demás condicione que concurran a mantener la igualdad económica de los asociados. Estas parcelas serán consideradas corno fondos indivisibles e inacumuíables, deslindándose en forma que constituyan con sus servidumbres verdaderas unidades agrarias. L a Comunidad regulará la utilización de las cabás y demás edificaciones que existieran en las fincas ocupadas, así como las reparaciones y mejoras de las mismas y la construcción de nuevos edificios. L o s gastos necesarios y útiles realizados por la Comunidad o por los campesinos en las tierras ocupadas quedarán sometidos al régimen establecido en el derecho común para el poseedor de buena fe, y no se llegará a la expropiación definitiva o le reemplazarán otros beneficiarios. Se adoptarán en los terrenos ocupados las garantías necesarias para que su explotación se efectúe según prácticas culturales que aseguren la normal productibilidad y completa conservación de las plantaciones que existen. De los daños que se causen en los bienes adjudicados con carácter temporal singularmente en el arbolado y en las ediijcaciorres, serán responsables directamen- te los campesinos ocupantes y subsidiariamente las Comunidades a que pertenezcan. Sin perjuicio de esta responsabilidad, la Junta Central, a propuesta de las Juntas provinciales, podrá acordar el levantamiento de los campesinos o Comunidades que procedan, con abuso o negligencia. Cuando el levantamiento de la familia, campesino o Comunidad, no sea por abuso o negligencia, sino voluntario, las mejoras hechas en el fundo, durante el plazo que haya durado el asentamiento, le serán reconocidas e indemnizadas. Base decimoséptima. -El Gobierno, 03 endo a la Dirección de los Registros y al Banco Hipotecario, procederá a dictar las disposiciones que desenvuelven y detallan el contenido de estas bases y el alcance de esta reforma en cuanto se relacione con el crédito territorial, que quedará debidamente garantizado. Las Cortes conocerán de cuanto se decrete sobre esta materia. Base decimoctava. -El Instituto de Reforma A g r a r i a queda especialmente autorizado para proceder a la revisión de toda la obra realizada por los servicios de colonización. parcelación, modificándola y acomodándola a las normas establecidas en esta ley. Base decimonovena. -Se declaran bienes comunales las fincas rústicas o los derechos reales impuestos sobre las mismas, cuya propiedad, posesión o aprovechamiento pertenezca a la colectividad de los vecinos de los Municipios, entidades locales menores, asociaciones y mancomunidades en todo el territorio nacional. Estos bienes son inalienables. N o serán susceptibles de ser gravados n i embargados, ni podrá alegarse contra ellos la prescripción. Las entidades antes mencionadas podrán instar por vía administrativa el rescate de aquellos bienes y derechos de que se consideren despojados por datos ciertos o simplemente por presunción de su antigua existencia. P a r a ello formularán la relación de los poseídos o perdidos, siguiendo la tramitación oportuna y acreditándose la propiedad a su favor. Los particulares ejercitarán su acción reivindicatoría, actuando como demandantes y reconociéndoseles el derecho a indemnización a quienes prueben la propiedad por justo título. Se declara obligatoria la refundición de domicisión que se hará siempre a favor del derecho de las colectividades. Base vigésima. -El aprovechamiento de los bienes comunales podrá ser agrícola, forestal o mixto, según propuesta de la entidad municipal o Junta titular de los bienes correspondientes, previos los informes de los servicios forestal y agronómico, resolviendo en definitiva la Junta central de Reforma Agraria. E n el aprovechamiento agrícola tendrá preferencia la íornia de explotación en común. Cuando se parcele, los vecinos usuarios tendrán derecho solamente al disfrute de los productos principales, mediante el pago de un canon anual; los pastos, hierbas y rastrojeras serán siempre de aprovechamiento colectivo. E n caso de subasta o arriendo de estos esquilmos su producto neto ingresará en las arcas municipales. E n todos los casos el cultivo será siempre efectuado por el vecino y su familia directamente. Cuando el aprovechamiento de los bienes comunales sea de carácter forestal se explotará en común y bajo la ordenación e inspección técnica de los servicios oficiales correspondientes. Los terrenos catalogados como de utilidad pública seguirán rigiéndose por la legislación especial del ramo en cuanto afecte a su explotación, defensa y mejora. Las entidades, dueñas de bienes comunales, cuya riqueza forestal hubiere sido destruida o maltratada, tendrán la obligación de atender a la restauración arbórea de dichos bienes. Cuando el aprovechamiento sea mixto, es decir, agrícola y forestal, simultáneamente se aplicarán en la medida precisa las disposiciones de les párrafos precedentes. U n a ley complementaria reglamentará al efecto cuanto a los bienes comunales hace referencia. Base vigésima primera. -Se declaran redimidos todos los censos, foros y subforos, impuestos sobre bienes rústicos, cualquiera que sea la denominación con que se les distinga, en todo el territorio de la República. E l contrato verbal o escrito de explotación rural, conocido en Cataluña, con el nombre de Rabassa moría, se considera como un censo y será también redimible a voluntad del rabássairé. una ley de inmediata promulgación regulará la forma y tipos de capitalización y cuantos extremos se relacionan con estas redenciones. Asimismo los arrendamientos y las aparcerías serán reguladas según otra ley en la que se articulará la forma contractual, su duración, transmisiones, fijación y revisión de rentas, causas de desahucio, mejoras realizadas y demás características de estos sistemas de hacer uso de la propiedad. Manifestaciones del jefe de! a minoría agraria A poco de hacerse público el anterior proyecto de ley, conversamos con el jefe de la minoría agraria del Parlamento, D Josa Martínez de Velasco. Acababa de conocer el texto del proyecto. -C o n relación al proyecto primitivo- -nos dijo- -se han introducido algunas modificaciones. U n a de ellas, la pedí en un voto particular que figuraba unido al anterior, dictamen. P o r ella quedan sin fijar en el proyecto el número de asentamientos, Se recoge también ia petición de que no se extienda la reforma a otras regiones y provincias de las consignadas taxativamente en el proyecto, sin previo acuerdo del Consejo de ministros y mediante proyectos de ley. E n cuanto a las expropiaciones, el proyecto va contra la Constitución, cuando habla sólo de indemnizaciones para las mejoras realizadas en las fincas de señorío; y va contra la Constitución, porque ésta prohibe que se expropien sin la indemnización oportuna. E n resumen, creo- -terminó el Sr. Mar- tínez de Velasco- -que la reforma nada resuelve, y en cambio lo complica todo A C E R C A D E L A SUSPENSIÓN D E UNOS ACTOS Se nos ruega la publicación de la siguiente nota: L a secretaría del partido nacionalista español hace pública su protesta contra la prohibición sistemática que el Gobierno de la República democrática ha establecido para todos los actos en que ha de intervenir como orador el jefe de este partido, doctor Albiñana. Recientemente había de dar una conferencia en el Círculo Tradicionalréta de V i l l a real (Castellón) y fué suspendida por el gobernador, sin que se alegara ningún fundamento serio. A h o r a se disponía a usar de l a palabra en el Centro Católico de Santoña (Santander) -y también ha sido prohibido el acto. E l partido nacionalista español está perfectamente legalizado en la Dirección General de Seguridad, y apela ante la conciencia pública de esta arbitraria conducía gubernativa, que impide el ejercicio legal de la ciudadanía a un importante sector de la vida nacional, con desconocimiento sJisa. luto de los preceptos constitucionales.
 // Cambio Nodo4-Sevilla