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A B G. D O M I N G O 8 D E M A Y O D E 1932. EDICIÓN D E ANDALUCÍA. PAG. ¿5. UNA I N T E R E S A N T E CIRCULAR D E L FISCAL G E N E R A L D E LA REPÚBLICA Instrucciones sobre las jurisdicciones ordinaria y militar M a d r i d 8. A y e r tarde fué facilitada a la Tribunales de Marina, por lo que respecta Prensa, en la Fiscalía General de l a Repúa las autoridades y corporaciones o colecblica, copia de la siguiente circular: tividades de la Armada, en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de la citada H a sido causa de honda meditación para ley de 1 de enero de 1900. el fiscal general de la República contemplar desde que se hizo cargo de la alta función Es, por tanto, evidente, que derogada por que el Gobierno se sirvió confiarle, cómo se 1 la República l a ley de 23 de marzo de 1900 plantean, sustancian y deciden las cuestiones i los paisanos a quienes desde después de esta de competencia disputadas entre las juris- derogación se acuse como responsables de dicciones ordinaria y castrense. i los expresados delitos de atentado, desacato, L a fuerza poderosa de una costumbre j injuria y calumnia, han de ser juzgados por arraigada; el espíritu- profesional tan des- la jurisdicción ordinaria, ya que las de Guepierto y Vivo frente a otras conveniencias j rra y Marina son sólo competentes cuando los encausados pertenezcan al E j é r c i t o o que debieran estimarse como primeras y esenciales; la equivocada creencia de que 1 Armada e incurrieran por lo hecho en delito Justicia de toga siejite blanduras y desfa- j militar. Que el Tribunal de l a jurisdicción ordillecimientos para conservar los prestigios que j ha de sostener inmaculados del Ejército y l a! naria- -el de Jurado o el de Derecho- -era el llamado a entender en el procedimiento M a r i n a servidores coactivos del Poder ciudadano de la nación, mantienen todavía mo- contra los paisanos procesados, lo que tenía dalidades de conducta y apreciación que t i e- estatuido claramente el artículo primero de la ley de primero de enero de 1900 repenen forzosamente que desaparacer si el r é tidamente citada, que al modificar el númegimen jurídico de la República ha de enro 2 del artículo cuarto de la ley de 20 de cuadrarse dentro de los postulados políticos, abril de 1886, establecedor. a en E s p a ñ a del democráticos y sociales que su glorioso adjuicio popular en el sentido de exceptuar de venimiento reclama. su conocimiento las causas por delitos de i n F u é allá en 1900 cuando deplorables aconj u r i a y calumnia a las autoridades civiles o tecimientos, que no hay para qué recordar, militares o eclesiásticas o a las colectividahicieron preciso, a juicio de los que entondes del Ejército, de la Armada y de l a Igleces ejercían la gobernación del Estado, dictar sia, notoriamente encomendaba esa labor a l a ley de 23 de marzo, vulgarmente llamada las secciones de Derecho de las Audiencias de jurisdicciones, contra la que, desde luego, respectivas, poniendo con ello fin a la contienda jurisdiccional mantenida con igual tese alzaron por unos u otros motivos núcleos són por parte del Tribunal Supremo, defenpoderosísimos de opinión que demandaban sor de la competencia del Jurado, y por el con significativa insistencia la desaparición Consejo Supremo de Guerra y Marina, que de una ley a todas luces conculcadora de dogamparaba la de los Tribunales castrenses. mas y principios de derecho, informadores de l a legislación que regula la vida y el desenvolvimiento de los pueblos cultos. Hubiérase limitado el Gobierno provisio- Tres intentos, todos ellos fracasados, se nal de la República a la actuación hasta aquí hicieron durante la M o n a r q u í a para derogar expuesta y el estado de Derecho vigente sel a ley de Jurisdicciones que, estimada por ría el que se deja consignado p: ro en funtodos como precaria y efímera, aseguró, sin ción del decreto de 17 de abril de 1931 apaembargo, su vigencia durante un cuarto de recieron sendas órdenes dictadas por los m i siglo. L o que el régimen dinástico no pudo nisterios de Guerra y Marina, con fechas de hacer en veinticinco años, lo hizo l a R e p ú 20 y 23 del mismo mes, modificando los arblica en tres días, porque, instaurada el 14 tículos séptimo del Código de Justicia M i de abril de 1931, el 17 siguiente quedó delitar en su número 7, y el de la ley de Orgarogada la ley del 23 de marzo de 1900, con nización y Atribuciones de los Tribunales el aplauso entusiasta de los que veían, por de M a r i n a e su n ú m e r o 10, sin que entre fin, recuperado el ejercicio de l a Justicia en ambos textos se obtuviese la debida igual ¡el Poder que genu mamente representa. dad y correspodencia, ya que si el de M a rina expresó fiel y acertadamente el que en Cobró, pues, nueva vigencia a virtud de su ley quedaba en vigor, él de Guerra se conesa derogación el estado de derecho que cretó a decir aue la jurisdicción de este nomregía en E s p a ñ a antes de que l a ley de bre conocerá por razón del delito de las Jurisdicciones se promulgase, con lo que el artículo séptimo, en su n ú m e r o 7 del Código causas que contra cualquiera persona se instruyan por las del atentado y desacato de Justicia Militar, quedó redactado así, a las autoridades militares y los de injuria conforme a lo dispuesto por el artículo sey calumnia a éstas o a las corporaciones o gundo de l a ley de primero de enero de colectividades del Ejército, siempre que se 1900: P o r razón del delito, la jurisdicción refieran al ejercicio de destino o mando m i de Guerra conoce de las causas que contra litar, tiendan a menoscabar su prestigio o a cualquier persona se instruyan por los de relajar los vínculos de disciplina y subordiatentado y desacato a las autoridades m i l i nación en los organismos armados, sin añatares y los de injuria y calumnia a éstas dir, como lo hizo el de Marina, que cuando o a las corporaciones y colectividades fueren cometidos por medio de l a imprenta el del Ejército, siempre que se refieran al grabado u otro medio mecánico de publicaejercicio de destino o mando militar, ción, sólo conocerá de ellos la jurisdicción estiendan a menoscabar su prestigio o a pecial, si los encausados pertenecieran a la relajar los vínculos de disciplina y subordiArmada e incurrieran por lo hecho en denación en los organismos armados. Cuando lito militar fueran cometidos por medio de la imprenta el grabado y otro medio mecánico de publiY como pocos días después, el 27 de abril cación, sólo conocerá de ellos la jurisdicción de 1931, se dictó el decreto, que en su arde Guerra, si los encausados pertenecieran tículo primero declaraba, quedar restablecial E j é r c i t o o incurrieran por lo hecho en da la institución del Jurado, conforme a su delito militar, y en idéntica forma en cuanley orgánica de 20 de abril de 1888, con las to al n ú m e r o 10 del artículo séptimo de la modificaciones que en el mismo decreto se ley de organización y atribuciones de los 1 establecen, entre las que no está la excepción n que el articulo primero de l a ley d é primero de enero de 1900 adicionó al n ú m e r o 2 del artículo cuarto de dicha ley de abril de 1888, es patente que dentro de l a jurisdicción ordinaria, a l a que, por l o ya dicho, corresponde el conocimiento de ios delitos a que me vengo refiriendo, es el Jurado quien ha de entender, pronunciando su veredicto como trámite previo y obligado a la sentencia que vote y acuerde la correspondiente sección de Derecho. Pero hay que tener presente que; a m á s de todo lo ya expresado, l a República ha convertido en ley, por resolución del P a r lamento, el decreto que el Gobierno provisional dio en 11 de mayó de 1931, que bien puede calificarse de fundamental, como definidor del estado de Derecho creado por ella en cuanto al asunto que hace precisa la redacción de esta instrucción general. E n el preámbulo de ese decreto se dice que l a coincidencia de todas las fuerzas políticas triunfantes en el movimiento revolucionario y representadas en el Gobierno provisional es notoria en el propósito de reducir la jurisdicción militar a aquello que le es propio, o sea el delito esencialmente militar ta mbién y luego de censurar el que la jurisdicción castrense haya estado extendida a hechos totalmente extraños a su cometido y razón de ser determina, en su artículo primero que l a jurisdicción de los Tribunales de Guerra queda reducida a las hechos o delitos esencialmente militares de que aquélla conoo; por razón de la materia, desapareciendo l a competencia basada en la calidad de la persona o el lugar de ejecución Pretender con este antecedente que el artículo 171 del Código de Justicia M i l i t a r sea el definidor actual de los delitos militares, considerando tales para los efectos, de l a competencia a todos los comprendidos en el citado Cuerpo legal, es cerrar los ojos a las preceptos que informan las modalidades j u rídicas actuales, que no pueden encontrar en una ley orgánica de una Constitución m o n á r quica el criterio definidor de lo que sea delito militar en la República. Delito militar ha de ser en E s p a ñ a el delito referido en su concepto general a los organismos que constituyen los Ejércitos de mar y tierra; lo. que el Código Penal para, el Ejército, de 1884, denominó delitos esencialmente militares o sean los castigados con penas militares, y que sólo pueden ser cometidos por personas de esta clase; lo que define con no escasa fortuna el artículo tercero del Código Penal de l a M a r i n a de guerra al decir que el delito o falta es militar cuando la acción u omisión afecta d i rectamente a la disciplina o viola algún deber exclusivamente militar. A l dar el máximo de significación y trascendencia en esta materia, que no per delicada ha de dejarse imprecisa, contribuye poderosamente el artículo tercero del mencionado decreto de y de mayo de 1931, que acaso r o haya merecido la cuidadosa atención que sus disposiciones solicitan, ya que no sólo reintegra en su párrafo primej; o a la jurisdicción común la competencia para conocer del secuestro de personas con objeto de robo, desde 8 de enero de 1877 encomendada a la jurisdicción militar, sino que e l p á r r a f o segundo estatuye que también quedan sin efecto los preceptos que en las leyes penales especiales posteriores hayan ido sometiendo a la jurisdicción castrense hechos de que anteriormente venía conociendo la ordinaria. N o puede, discretamente, dudarse de que todos los Cuerpos legales de carácter punitivo que no son el Código Penal reformado y. aprobado por la ley de 17 de junio de 1870, tienen la condición de leyes penales especiales.