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42 ABC ANDALUCÍA -El escándalo Intelhorce- MARTES 21- 11- 95 El ex presidente de Intelhorce admite que se pagaron 32 millones a una empresa de ex socios de Felipe González Reconoce que se recortó un informe que implicaba a ex altos cargos El ex p r e s i d e n t e de I n t e l h o r c e Diego García Morales, reconoció ayer que ios responsables de Intelhorce encargaron un informe sobre la viabilidad de la sociedad malagueña a la e m presa Interdoxa, donde figuran ex compañeros Diego García Morales, ex presidente de Intelhorce, y el ex director general de Patrimonio, Prudencio García, comparecieron ayer por la tarde en el seno de la comisión de investigación de Intelhorce. En su turno, Diego García Morales admitió que Intelhorce encargó en el año 91 a la sociedad Interdoxa un informe sobre la viabilidad de la textil malagueña, por el que se pagaron 32 millones de pesetas- Según publicó ABC en su día, Interdoxa es una sociedad formada por Antonio Gutiérrez Cast a ñ o compañero del despacho laboralista que Felipe González mantuvo en la calle Capitán V ¡gueras, de Savilla. Gutiérrez Castaño fue, junto con el presidente dei Gobierno y el ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escurado, el socio fundador de dicho despacho, en el que también figuraría poco después el ex alcalde de Sevilla, el socialista Manuel del Valle. Gutiérrez, que continúa con el despacho de Sevilla, compartió esta dependencia con Jesús Bores, íntimo amigo del presidente del Gobierno y que ha aparecido en diversos casos de corrupción destapados recientemente. Además, la sociedad Interdoxa, según la documentación que obra en poder de este periódico, está participada al 50 por ciento por la sociedad Guadén S. A. empresa que actuó como intermediaria en el pago de algunas comisiones que el PSOE recibió a través de Filesa, según la documentación que se ha aportado por la acusación en este escándalo. Madrid. José Antonio Pérez del presidente del Gobierno en su despacho l a boralista de Sevilla. Por ese trabajo se pagaron 32 millones de y García Morales admitió que se recortaron las conclusiones de una investigación pública que implicaba a ex altos cargos. de un modo claro dijese que el ex presidente de Improasa tuviese una intervención clara en el escándalo Esta versión c o n trasta con la obtenida por ABC, según la cual Cordón ha implic a d o directamente a Moreno García en el caso y así lo ha denunciado ante el juez. Por su parte, el ex director general de Patrimonio Prudencio García contradijo en su comparecencia la versión dada el pasado jueves por el ministro de Economía, Pedro Solbes, acerca de la plena responsabilidad de! escándalo Intelhorce en la persona de José Miguel Moreno García. Como se recordará, Solbes descargó toda la responsabilidad del caso en el ex presidente de Improasa, rechazando cualquier derivación política que afectase a algún miembro del Partido Socialista. Sin embargo, -Prudencio García defendió sin dudar al ex alto cargo de la Administración, al que reconoció haber contratado personalmente y del que dijo desem peñó una correctísima labor Declara ante el juez el director de un banco marbellí acusado de abrir cuentas falsas Málaga. J. M. C. El juez que Investiga el caso Intelhorce, Juan Francisco Ramírez Barroso, tomó ayer declaración al director del Barcklays Bank de Marbella, Salvador Betancour, acusado de abrir cuentas falsas para desviar dinero procedente de la textil malagueña. Al parecer, de esta entidad bancaria y sus filiales se podrían haber desviado más de quinientos millones de pesetas, según fuentes próximas a la investigación. El directivo de la entidad financiera de Marbella, Salvador Betancour, estuvo prestando declaración ante el juez malagueño por espacio de dos horas. También declaró ayer por la mañana ante el titular del juzgado de instrucción número once, Charles Wilfred, apoderado de una filial del Barcklays Bank en Gibraltar, a quien supuestamente le falsificaron la firma para poder desviar alrededor de quinientos millones de pesetas desde las cuentas de Intelhorce. Según la investigación judicial, en la citada entidad bancaria del Barcklays Bank operaron, con nombres falsos, el ex administrador de Intelhorce, José Manuel Muñiz, actualmente en la prisión de Alhaurin de la Torre, y sus dos compañeros de bufete, José Luis Castillo y Adolfo Martes. Además del empresario italiano Giovanni Orefici y José Manuel Muñiz, se encuentra en prisión Manuel Alejandro Márquez, ex consejero delegado de la empresa Finanzas y Crédito y que avaló a Orefici en 1989 para la compra de la factoría. El director del Barclay Bank, Salvador Betancour, está acusado de los presuntos delitos de falsificación en documento mercantil y privado y contra la Hacienda pública. Por otra parte, unos 300 tra- bajadores de la antigua Intelhorce, volvieron a manifestarse ayer ante la Delegación de Trabajo, que preside Jacinto Mena, para que se agilice la venta de la fábrica. Fuentes sinqicales han manifestado que la Junta ha comenzado a remitir a los grupos interesados en la compra de la textil malagueña el protocolo de venta para que sea firmado antes del viernes. Los casi 500 trabajadores que permanecerán en Intelhorce iniciaron ayer, los trámites para reclamar al INE algunas cantidades que les adeuda este organismo. El presidente del Comité de Empresa, Felipe Cortés, afirmó que los trabajadores están reclamando las Indemnizaciones de manera particular, aunque Comisiones Obreras les esté asesorando. Felipe González nistración en 1992. ABC publicó en su día que la Administración encargó al ex policía nacional Manuel Ángel Cordón una Investigación sobre ias posibles irregularidades cometidas por los anteriores gestores privados de la textil malagueña. De esa Investigación se dedujo que no sólo los ex propietarios de la empresa, el Italiano Giovanni Oreficl, había cometido numerosas irregularidades, sino que también ex altos cargos de la Administración como el presidente de la sociedad pública Improasa, José Miguel Moreno García, habían cometido serias ilegalidades. Sin embargo, cuando Patrimonio del Estado, en 1994, denunció ante el fiscal general del Estado los hechos sucedidos en Intelhorce a raíz de esta investigación, omitió lo referente a ¡as actuaciones protagonizadas por ex altos cargos c o m o Moreno García. Privatización Prudencio García también defendió la privatización de Intelhorce en 1989, ya que, según dijo, tenía una responsabilidad presupuestaria como director general de Patrimonio, y perder todos los años miles de millones de pesetas a través de una empresa no era cómodo ni fácil. Esa acumulación de pérdidas tenía, además, como consecuencia una discriminación clarísima a favor de ias zonas donde se ubicaban ese tipo de sociedades La comisión volverá a reunirse el próximo viernes con la comparecencia del abogado del Estado y jefe de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda, José Antonio Tambo íñiguez, y el ex interventor general de la Administración de! Estado, Francisco Bohoyo Castañar. Como se recordará, la primera comparecencia ante la comisión tuvo lugar el pasado jueves y fue la del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien reconoció que existieron irregularidades. Sin embargo, el dirigente socialista indicó que no existen responsabilidades políticas del Gobierno. Informe Cordón Tras asegurar que todos estos hechos eran desconocidos y nuevos Diego García Morales aseguró que el precio que se pagó por dicho informe, que supuso el despido de 121 trabajadores, era muy difícil de estipular sobre si es el correcto o n o puesto que unas veces se pagan quince millones y otras veces cien por trabajos de este tipo, según quién los haga y quién los negocie El ex presidente de Intelhorce fue preguntado por el diputado del Partido Popular, Pablo Izquierdo sobre el denominado informe Cordón que supuestamente fue encargado por la Admi- Denuncias Ayer Diego García Morales no sólo reconoció la existencia del informe, sino que admitió que no se había denunciado a personas de la Administración implicadas en ¡a trama. Según el ex presidente de intelhorce, el informe Cordón no se entregó con la denuncia presentada ante el fiscal general del Estado ya que fue muy voluminoso y constaba de catorce o quince tomos García Morales justificó que se omitiesen las acciones del ex presidente de Improasa porque en la denuncia no se citaba expresamente que hubiese alguna responsabilidad concreta por parte de Moreno García. Cordón no encontró nada que