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34 JUEVES 11 5 2006 ABC Andalucía La Junta gasta 2,3 millones en comprar la finca del hotel de El Algarrobico y anuncia que lo demolerá La promotora cifra en 300 millones lo que costará a la Administración recuperar la playa e indemnizarles b Las organizaciones ecologistas se muestran escépticas y reclaman responsabilidades políticas de quienes no estuvieron atentos en el proceso y de quien lo amparó M. CORREA SEVILLA. Un hecho crucial ha permitido finalmente a la Junta de Andalucía intervenir en lo que el propio Manuel Chaves describió ayer como el símbolo de la destrucción del litoral andaluz De momento, la Administración andaluza ha logrado parar las obras que ultimaban el polémico hotel que se construía en la playa almeriense de El Algarrobico, en los límites del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, que tenía prevista su apertura para la próxima temporada, y el presidente de la Junta se comprometía ayer a que el macroedificio acabe por ser demolido y que la playa quede como estaba antes del inicio de las obras. Chaves y la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, anunciaban ayer, en un tono prematuramente triunfalista, que la Junta de Andalucía ha ejercido el derecho de retracto para adquirir la finca en la que se ubica el hotel y la parcela colindante, para lo cual se han consignado 2 3 millones de euros, y, una vez que el terreno sea de titularidad pública, hacer desaparecer el hotel y restaurar la playa de Carboneras a su estado original. Lo que ni el presidente ni su consejera pudieron avanzar es el plazo de tiempo en el que se cerrará un proceso legal largo y muy complejo ya que la Junta aún ignora si la promotora del hotel, la empresa Azata del Sol, recurrirá la decisión de la Junta e iniciará una demanda contencioso- administrativa para recuperar los terrenos. Pero los trámites puestos en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente acabaron resultando providenciales para la Junta, ya que ha sido entonces cuando se ha conocido que tanto la finca donde se alza el hotel como la colindante fueron objeto de una transmisión patrimonial en 1999. Una compraventa en la que no se cumplió con la obligación legal -ya que se trata de un Parque Natural- -de ser comunicada a la Administración andaluza por si quería ejercer su derecho preferente de compra de las citadas fincas. Descubierto el desliz administrativo, la Consejería se ha apresurado a ejercer el derecho de retracto sobre ambas parcelas, aunque el Ministerio de Medio Ambiente continúe con su proceso de deslinde de la zona, lo que, de momento, evitará que el hotel continúe sus obras y se inaugure. Una vez que las dos fincas pasen a ser de titularidad pública, lo que podría ser una realidad antes de verano, el presidente no dudó en garantizar que el hotel será demolido y la playa devuelta a su estado original. Lo que no avanzó es si también será la Junta la que costeará la demolición. 300 millones de coste, dice Azata La promotora del hotel lo tenía ayer claro y, por boca de su coordinador general, Antonio Baena, aseguraba que los contribuyentes andaluces tendrán que pagar 300 millones de euros por recuperar el hábitat de la playa de El Algarrobico si bien subrayó que la empresa tiene previsto seguir adelante y cumplir con el compromiso adquirido con el pueblo de Carboneras, dando así por hecho que recurrirán. Baena apuntó que ejercer el derecho de retracto sobre la compraventa supondrá que la Junta pague el importe Chaves y Coves se comprometieron a dejar la playa como estaba antes del hotel de los terrenos para hacerse dueña de los mismos y, a continuación, indemnizar por la edificación existente Seguidamente, se demolería el hotel y, luego, se recuperaría el hábitat que había antes de la construcción, en total, unos 300 millones de euros La promotora afirmó que se ha herido de muerte un proyecto turístico que estaba patrocinado por la propia Junta que conocía, aseguró Baena, la compraventa de la finca desde 1999. Protestas razonables El alcalde de Carboneras, el socialista Cristóbal Fernández, que apoyó este proyecto desde el comienzo ha protestado dentro de lo razonable admitió ayer Fuensanta Coves. De hecho, y aunque acataba la decisión de la Junta, lamentaba las pérdidas que supondría para la localidad. Las organizaciones ecologistas, sin embargo, que son las que más han luchado contra esta construcción, tenían ayer una respuesta desigual. Ecologistas en Acción aplaudía la decisión de la Junta, pero consideraba que debía haber responsabilidades políticas de quienes no estuvieron alerta durante el proceso y de quien lo amparó. Salvemos Mojácar, por su parte, manifestaba ayer su escepticismo ante el anuncio de Chaves, apuntando que con esta acción la Junta reconoce implícitamente la falsificación de planos llevada a cabo por la Consejería Greenpeace aplaudía la medida de la Junta y reclamaba la demolición del hotel en el plazo más breve posible. Paralelo a la actuación del Ministerio La Junta de Andalucía se ha mantenido inactiva pese a las contínuas protestas de los ecologistas ante la construcción del hotel, ya que todo indicaba que el procedimiento desarrollado por la promotora Azata con el visto bueno del Ayuntamiento de Carboneras, gestionado por el PSOE, entraba dentro de la más rigurosa legalidad. La Consejería de Medio Ambiente, presionada por las organizaciones naturalistas y tras la actuación de Greenpeace, optó por reclamar al Ministerio del ramo que iniciara el deslinde de esta playa. Pero estas actuaciones estaban estancadas admitía ayer la consejera, que veía con preocupación cómo se acercaba la fecha en que el hotel de El Algarrobico abriría sus puertas, sin que la Administración ni central ni andaluza hubiera conseguido evitarlo. El PP pedirá una investigación El presidente del PP- A, Javier Arenas, anunció ayer que su partido va a reclamar la creación en el Parlamento de una comisión de investigación para conocer si han podido fallar los controles urbanísticos que propiciaron la construcción del hotel Algarrobico. El presidente de los populares andaluces dijo que la decisión que ha adoptado por el Gobierno andaluz es muy compleja ya que, a su juicio, debe explicar a los ciudadanos por qué se había permitido originalmente esta construcción y ahora hay que abonar 2,3 millones de euros para ejercer su derecho de retracto. Se debe explicar a los andaluces lo que ha pasado con este proyecto, y por eso vamos a pedir una comisión de investigación en el Parlamento, para que se sepa qué es lo que ha ocurrido con un hotel que se encuentra a veinte metros de la playa Arenas indicó que cuando hay una obra ilegal, lo procedente es que la administración que tiene las competencias- la Junta- actúe contra ella, pero recordó que en este tipo de asuntos no hay que quedarse ahí puesto que se debe investigar los motivos por los que han fallado los controles urbanísticos, como ha ocurrido en Marbella.